El cambio climático IV: la descarbonización

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El cambio climático I: catastrofismo

El cambio climático II: lo que (no) sabemos

El cambio climático III: pasado, presente y futuro

    En una sociedad realmente democrática y mínimamente racional, la comunidad científica, los empresarios, los sindicatos, las asociaciones de consumidores y los líderes políticos de todo signo se habrían sentado a discutir con transparencia sobre el problema del calentamiento global, sus riesgos y posibles soluciones. Después, dichas alternativas deberían haberse sometido al escrutinio ciudadano, explicando con claridad cuánto costaría cada una, de qué manera se financiarían y con qué fines concretos, fiscalizando quién asumiría la carga económica, quién obtendría las ganancias y cómo se gestionarían los recursos derivados de esta transformación. Es decir, habría sido necesario un análisis coste-beneficio riguroso. 

    Sin embargo, no se hizo nada de eso.

    Lo que se hizo fue imponer directamente un conjunto de medidas, presentadas como indiscutibles y siempre “por nuestro bien”, al tiempo que se estigmatizaba cualquier duda o crítica con la acusación de “negacionismo”. Se trata de un término tomado del ámbito de los estudios sobre el Holocausto para vincular de manera sibilina a cualquier discrepante con quienes niegan dicho crimen, y así poco menos que llamarle “nazi”. Poco importa que el supuesto “negacionista” no niegue el calentamiento global, ni su origen humano, ni su carácter problemático: basta con cuestionar la magnitud apocalíptica que se le atribuye o poner en duda la idoneidad de las políticas adoptadas para ser colocado en la diana. El resultado ha sido un discurso oficial monolítico, compartido tanto por la izquierda como por la derecha, respaldado por el capital y por las grandes instituciones internacionales, que ha eliminado de facto cualquier posibilidad de debate social.

    Curiosamente, la única discrepancia pública que se permite sobre todas estas políticas es su señalamiento como insuficientes y la defensa de radicalizarlas aún más, hasta llevarnos a un decrecimiento económico global. Y es que, dado que a corto y medio plazo no es posible reemplazar los combustibles fósiles por ninguna otra fuente de energía, la alternativa que nos queda si queremos reducir drásticamente nuestras emisiones de CO2 es, efectivamente, reducir en la misma medida nuestro consumo energético. Aunque ello implique disminuir toda nuestra actividad económica y por tanto aumentar el desempleo y la pobreza, lo que en último término se traduce en miseria y muertes masivas. Nunca en la historia de la humanidad se ha producido una disminución en el consumo de energía sin una disminución paralela del bienestar.

El coste de la descarbonización

    Siempre existe un riesgo importante de que en cualquier momento pueda golpearnos un meteorito y destruir nuestra civilización, pero ¿deberíamos por ello gastar, por ejemplo, diez veces el PIB global actual para evitarlo? Del mismo modo, cabe preguntarse si el coste económico y social que están suponiendo las políticas climáticas compensa realmente el resultado.

    El problema de fondo es aún mayor, porque la descarbonización está mal planteada social y económicamente. Es improbable que vaya a suceder, como se pretende, en un plazo de 30 años, y desde luego provoca daños mucho mayores que los que pretende solucionar.

    Sin duda hay buenos argumentos para reducir nuestra dependencia de las energías fósiles, pero no admitir que a día de hoy hacen muchísimo más bien que mal al ser humano y que es un grave error reemplazarlas por algo más caro (o menos abundante, o menos fiable) es ser terriblemente miope. Incluso aceptando la necesidad de reducir emisiones, cerca del 50% de ellas se producen en actividades para las que no existe aún una alternativa sin emisiones mínimamente viable: la producción de acero o cemento, el transporte aéreo, la agricultura o la ganadería son ejemplos paradigmáticos. En el resto de sectores sí existen alternativas, pero resultan más caras, menos productivas o insuficientemente maduras. Y encarecer la energía, el transporte, la calefacción o la industria equivale a frenar el crecimiento económico, lo que a su vez significa generar pobreza o impedir que millones de personas puedan salir de ella. Pretender forzar una reducción drástica de nuestras emisiones sin alternativas tecnológicas maduras equivale a decretar un empobrecimiento masivo, y la pobreza mata hoy, no en 2100. Por eso seguir determinadas recetas (el decrecimiento forzoso, la sustitución acelerada de tecnologías maduras por otras inmaduras, el encarecimiento deliberado de la energía) constituye un crimen contra la humanidad, y particularmente contra los más pobres. 

    La gravedad del asunto se multiplica si tenemos en cuenta que esas políticas están suponiendo ya un altísimo coste económico y social, mientras fracasan en el objetivo que supuestamente las justifica. Por ejemplo, el impulso a los biocombustibles, presentado en su día como una estrategia “verde”, resultó devastador para las selvas tropicales, tal vez una de las decisiones más dañinas de las últimas décadas en nombre de salvar el planeta.

    En nuestro país, el cierre de las minas de carbón en Asturias o León arruinó comarcas enteras, sin que las energías renovables pudieran ofrecer empleo ni energía de reemplazo. Prescindir de forma voluntaria de importantes fuentes de energía lo suficientemente abundantes y baratas, mientras las energías renovables no consiguen alcanzar el nivel de eficiencia requerido para satisfacer la demanda energética de nuestra civilización, no sólo está llevando a la ruina a distintos sectores sociales como las comarcas mineras asturianas y leonesas, sino que también está encareciendo los precios de la energía como nunca antes. 

    Y en todo caso, y pese a la gigantesca inversión que se ha realizado en energías renovables (probablemente la mayor inversión pública y privada de la historia de la humanidad), las emisiones de CO2 no han dejado de crecer.

La descarbonización como expolio económico

    Curiosamente, lo que todas estas políticas sí están consiguiendo es enriquecer a una minoría mediante todo tipo de mecanismos: subvenciones públicas masivas para energías renovables, los bonos de carbono que permiten a las potencias ricas eludir sus compromisos, o el nuevo filón bursátil de las finanzas “verdes”. No por casualidad, incluso políticas aparentemente inocuas como la reforestación despiertan recelos entre magnates y filántropos, no porque sean inútiles (plantar árboles no resuelve por sí solo el problema, pero algo puede mitigar), sino porque no generan negocio. Se prefiere apostar por proyectos complejos y lucrativos, aunque sus beneficios sean dudosos, antes que por soluciones simples con escaso margen de rentabilidad.

    Un buen ejemplo de ello es la implantación masiva del coche eléctrico. A nivel individual, es un producto peor que el de combustión: más caro, más difícil de cargar, con menor autonomía y con un historial de fracaso que ya se evidenció en el siglo XIX, cuando perdió frente al motor de gasolina. Si hoy “triunfa” es únicamente porque se prohíbe el coche de combustión y se subvenciona el eléctrico, hasta el punto de que los pobres financian con sus impuestos el coche de lujo de los ricos. Pero a nivel colectivo el vehículo eléctrico es una fantasía irreal: las materias primas necesarias para fabricar baterías en tal escala son limitadas, la infraestructura de red debería renovarse y multiplicarse, la generación eléctrica debería aumentar exponencialmente en países como España, la red de recarga es técnicamente inviable a gran escala y el reciclaje de millones de toneladas de baterías desechadas resulta extremadamente difícil. La única razón por la que se insiste en este camino no es porque ofrezca una solución realista, sino porque supone un negocio colosal para una industria automovilística occidental que se sostiene frente a su competencia extranjera únicamente gracias al inmenso caudal de dinero público que recibe.

    Nos encontramos, en definitiva, ante una inmensa transferencia de dinero público a empresas privadas y ciudadanos privilegiados, probablemente la mayor de la historia, y cabe preguntarse si la sociedad estaría dispuesta a financiarla si no hubiese un cambio climático utilizado constantemente como amenaza contra ella.

    Tampoco hay que olvidar la utilidad geopolítica de las políticas climáticas: tratados como el Acuerdo de París o los compromisos de reducción de emisiones limitan el crecimiento de potencias emergentes que, como China, han llegado tarde a la industrialización. En cambio, los países occidentales, ya industrializados, pueden permitirse invertir en todo tipo de mecanismos para reducir sus emisiones, y la existencia de los llamados “bonos de carbono” permite a las potencias más ricas no hacer frente a sus supuestas obligaciones en materia de reducción de gases al tiempo que generan un mercado especulativo en torno a los bonos que sin duda nuestras élites financieras han sabido aprovechar. Sin olvidar que reducir el consumo de combustibles fósiles debilita a países productores como Rusia o los del Golfo, y fortalece a quienes controlan las nuevas tecnologías energéticas.

Descarbonización vs progreso

    Es por todo lo anterior por lo que deberíamos preguntarnos por qué seguir apoyando unas políticas que a) no están sirviendo en absoluto para los fines que proclaman; b) están ocasionando daños tremendos a nivel económico y social que no se justifican, y c) consolidan un modelo de negocio basado en la transferencia de recursos de la mayoría a una minoría.

    En realidad, el verdadero camino frente al cambio climático no debería ser nunca renunciar al desarrollo, sino potenciarlo, porque sólo una sociedad próspera y dinámica puede adaptarse a los riesgos que vengan. El único “dogma” que debería ser sagrado es el del desarrollo económico, porque es lo que protege al ser humano. Lo contrario, el decrecimiento, equivale a renunciar al progreso que permitió a nuestros antepasados salir de los valles en los que se asfixiaban, cruzar continentes y, probablemente, conquistar el espacio en el futuro. La alternativa realista no es sacrificar bienestar sino apostar por más ciencia, más tecnología y más progreso. Y nos guste o no, si queremos seguir siendo una sociedad próspera (y más aún si aspiramos a serlo todavía más en el futuro), tendremos que seguir aumentando nuestras emisiones de CO2. Es como montar en bicicleta: si te paras te caes.

    Pero entonces… ¿qué debemos hacer? ¿Cómo deberíamos afrontar el problema del calentamiento global? Lo veremos en el próximo y último artículo de esta serie.

    (Siguiente artículo: El cambio climático V: alternativas).

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