El golpe desconocido

    Por razones no demasiado claras, el gobierno de Pedro Sánchez realizó el pasado 25 de febrero una desclasificación de documentos secretos asegurando que se trataba de “los documentos del 23-F”. Sin embargo, lo que se hizo público fue una serie de documentos que, para buena parte de la opinión pública, resultaron bastante decepcionantes. Y es que entre ellos se han incluido desde documentos que ya eran públicos desde hacía tiempo hasta documentos anónimos de escasa relevancia. En realidad, los documentos que se han publicado no son los documentos del 23-F como tales, sino más bien unos documentos relacionados con el golpe que no aportan prácticamente información novedosa alguna, pero que sin duda han permitido al gobierno escenificar un gesto de transparencia con evidente rentabilidad propagandística. 

    ¿Por qué no se han desclasificado entonces todos los documentos del 23-F? Fundamentalmente porque la opinión pública desconoce qué sucedió realmente ese día, y no llega a comprender del todo el verdadero alcance del golpe de Estado. Y es que la tesis según la cual la intentona fue obra de un reducido grupo de militares nostálgicos que pretendían restaurar una dictadura semejante a la franquista, por muy generalizada que esté entre la población española e incluso entre no pocos periodistas, no se sostiene a la luz de los hechos históricos conocidos.

    La realidad fue bastante más compleja, y para entenderla plenamente es imprescindible situarse en el contexto de 1980.

España en 1980

    España sufría por entonces los efectos persistentes de la crisis del petróleo de los años 70: una inflación situada en torno al 15–20%, un desempleo en aumento y una conflictividad laboral constante que erosionaban la estabilidad económica y social. Al mismo tiempo, el terrorismo y la violencia política se habían extendido por todo el país, alcanzando en el País Vasco niveles especialmente graves. ETA se encontraba en su momento más sangriento (1980 fue el año con mayor número de asesinatos cometidos por la organización, con 98 víctimas), mientras actuaban también otros grupos terroristas de extrema izquierda como los GRAPO o Terra Lliure. Paralelamente, operaban diversas redes parapoliciales y organizaciones de extrema derecha, entre ellas el Batallón Vasco Español, la Alianza Apostólica Anticomunista (Triple A) o los Guerrilleros de Cristo Rey, grupos cuyos ataques terroristas se vieron favorecidos por la pasividad, cuando no la connivencia, de unas fuerzas de seguridad heredadas del franquismo.

    Al menos una parte de toda esta actividad terrorista era utilizada como una herramienta de chantaje por parte de determinados poderes internacionales. Por aquellas fechas, el gobierno de EE UU presionaba cada vez con mayor insistencia para que España ingresara en la OTAN, una opción a la que el presidente del gobierno, Adolfo Suárez, se resistía en ese momento ("aún no sé si ETA está pagada con rublos o con dólares", dijo en alguna ocasión para justificar su negativa a unirse a la alianza atlántica), y el entonces ministro de la Presidencia en 1979, José Manuel Otero Novas, desveló posteriormente la amenaza explícita de EE UU de que apoyaría al MPAIAC (Movimiento por la Autodeterminación e Independencia del Archipiélago Canario) y la independencia de las islas Canarias si España no se integraba en el bloque atlántico. Conviene recordar que la actividad terrorista del MPAIAC se hallaba entonces en aumento, y que además fue responsable de colocar un artefacto explosivo cuya amenaza provocó el desvío de vuelos que confluyeron en el aeropuerto de Los Rodeos (Tenerife) desencadenando el accidente de 1977 en el que murieron 583 personas. 

    A este conjunto de tensiones se sumaba el auge de los nacionalismos periféricos. Los nacionalismos vasco y catalán habían impulsado un proceso autonómico que estaba culminando en la aprobación de los estatutos de autonomía del País Vasco y de Cataluña, cuyos amplios marcos competenciales eran interpretados por los sectores más centralistas como una amenaza para la unidad del Estado. Era un modelo que comenzaba a extenderse al resto de regiones del país.  

Ruido de sables

    Todo ello se desarrollaba en un contexto de creciente debilidad política del gobierno. La Unión de Centro Democrático (UCD), formación gobernante, atravesaba divisiones internas constantes y perdía apoyos parlamentarios, lo que alimentaba una sensación cada vez más extendida de desorientación y pérdida de control. La presión simultánea de la derecha franquista, la izquierda, los nacionalistas y el terrorismo contribuía a extender la percepción de que el sistema democrático (aún reciente y frágil) podía verse seriamente comprometido.

    Pese a la gravedad de la situación y a las crecientes presiones para que abandonara el cargo y facilitara un relevo político, Adolfo Suárez se resistía a dimitir. Seguía gozando de una enorme popularidad sustentada no sólo en su indudable carisma sino sobre todo en su papel decisivo como artífice de una transición que había puesto fin a cuatro décadas de dictadura. Por otro lado, al fracasar la moción de censura presentada por el PSOE en mayo de 1980, quedó descartada por el momento la posibilidad de que fuese desalojado del poder por la vía parlamentaria. 

    Es en este clima de crisis y deterioro institucional cuando comienzan a surgir distintas tramas golpistas en el seno del Ejército. 

    Una de ellas se articulaba en torno a la figura del teniente coronel Antonio Tejero y planteaba una acción rápida y audaz, ejecutada por una unidad de élite contra puntos neurálgicos del Estado (el Palacio de La Moncloa, las sedes de los ministerios con mayor capacidad decisoria, etc.). La operación debía desencadenar un efecto dominó en el resto de unidades militares, con el objetivo último de instaurar una junta militar que pusiera fin al sistema democrático recientemente establecido. 

    Más compleja y sofisticada era la llamada “trama de los coroneles”, llamada así porque la mayoría de sus integrantes ostentaban el empleo de coronel o teniente-coronel. Su estrategia no contemplaba una intervención inmediata, sino ir acumulando apoyos paulatinamente mientras la situación política continuaba deteriorándose. El plan consistía en intervenir en el plazo aproximado de uno o dos años, una vez desgastadas políticamente tanto la UCD como el PSOE, para instaurar una república de carácter presidencialista y nacionalista, con un papel protagonista para el Ejército, en el marco de una nueva Constitución que reconociera la existencia de partidos políticos sometidos a límites estrictos.

La Solución Armada

    Ante un panorama tan delicado, los mandos militares del CESID (Centro Superior de Información de la Defensa, hoy Centro Nacional de Inteligencia) consideraron que la solución para España pasaba por un nuevo Gobierno capaz de dar un "golpe de timón" (expresión entonces muy en boga) y afrontar con mayor determinación los principales problemas del país, incluso a costa de adoptar medidas impopulares. Para ello, estimaban imprescindible contar con un respaldo político y parlamentario lo más amplio posible.

    La fórmula diseñada consistía en un gobierno de concentración nacional en el que estuviera representado todo el arco parlamentario (con exclusión de los partidos nacionalistas), con cierta presencia militar y la incorporación de personalidades civiles independientes. Al frente del ejecutivo se situaría un general apartidista y de reconocido prestigio, capaz de concitar amplios apoyos.

    La finalidad de tal gobierno no sería interrumpir el sistema democrático recién instaurado ni derogar la Constitución, sino constituirse como un ejecutivo transitorio que, durante un periodo limitado (dos o tres años), adoptara las medidas que, a juicio del CESID, resultaban urgentes: una campaña decidida de erradicación del terrorismo, una reforma constitucional que reordenara de forma drástica el proceso autonómico para limitarlo en la mayor medida posible, la pacificación de la conflictividad laboral y, finalmente, la definición del encaje internacional de España, en particular en relación con la OTAN. Concluido su mandato, se disolverían las Cortes y se convocarían nuevas elecciones generales.

    Entre los nombres considerados para encabezar ese hipotético Gobierno fue cobrando fuerza el del general Alfonso Armada, quien gozaba de prestigio en el Ejército, mantenía una estrecha relación con la Casa Real (había sido tutor y secretario personal de Juan Carlos I) y no estaba identificado con los sectores más ultras del estamento militar, circunstancia que podía facilitar su aceptación por parte de distintas fuerzas políticas.

    El CESID sondeó discretamente a responsables políticos de diverso signo, así como a periodistas, directores de medios y empresarios, con el fin de evaluar la viabilidad de la denominada “Solución Armada”, y la acogida fue mayoritariamente favorable. En el ámbito partidista, sectores críticos de la UCD y dirigentes de Alianza Popular, del PSOE e incluso del Partido Comunista de España (aunque posteriormente Santiago Carrillo afirmaría desconocer tales contactos) habrían mostrado su disposición a aceptar un Gobierno de esas características, siempre que se les garantizara en él una cuota de poder acorde con sus expectativas.

Operación De Gaulle

    Ahora bien, ¿cómo podía instaurarse un gobierno de esa naturaleza? ¿Cómo justificar la llegada al poder de una fórmula política que no emanaba de las urnas y que colisionaba frontalmente con el ejecutivo legítimo de Adolfo Suárez?

    El CESID contempló entonces la denominada Operación De Gaulle. En 1958, el general Charles de Gaulle accedió al poder en Francia mediante una solución política de compromiso en el contexto de una grave crisis institucional vinculada a la insurrección de sectores del Ejército en Argelia. Extrapolando aquella experiencia al caso español, la  Solución Armada sólo resultaría viable si se producía en España lo que, en la terminología del CESID, se definía como un SAM (Supuesto Anticonstitucional Máximo): una situación de crisis política e institucional de tal magnitud que únicamente pudiera resolverse mediante una fórmula excepcional, ajena al funcionamiento ordinario de las instituciones. Un ejemplo de SAM sería un golpe de Estado militar.

    El plan perseguía así un doble objetivo. Por un lado, reconducir las distintas tramas golpistas ya existentes (la articulada en torno a Antonio Tejero y la denominada “trama de los coroneles”) hacia una operación única, bajo control del propio CESID, que escenificara un intento de golpe mediante la toma del Congreso, neutralizando de forma definitiva esas iniciativas. Por otro, aprovechar ese intento para que el general Alfonso Armada pudiera presentarse como solución a la crisis, postulándose como presidente de un Gobierno de concentración nacional respaldado por la mayoría de fuerzas parlamentarias, las cuales ignorarían su connivencia con los golpistas. El Congreso lo investiría presidente y, ya en el cargo, Armada designaría a sus ministros entre los partidos que hubieran apoyado su investidura. De este modo, un “golpe duro” de carácter militar serviría para legitimar un posterior “golpe blando” de naturaleza política.

    Para ejecutar este planteamiento, el CESID designó como cabezas visibles del “golpe duro” al teniente coronel Tejero y al capitán general Jaime Milans del Bosch, notorio monárquico, quienes responderían únicamente ante Armada. Éste, a su vez, se coordinaría con la Casa Real para que Juan Carlos I, en su condición de jefe supremo de las fuerzas armadas, pudiera mantener el control de la situación. La información fue rigurosamente compartimentada: sólo la Casa Real conocía el verdadero alcance del plan, mientras que a Tejero se le ocultó que el objetivo último del golpe era legitimar ante la opinión pública la Solución Armada. Esa circunstancia, como veremos, acabaría frustrando la operación.

    En medio de estos preparativos, y de manera inesperada, se produjo la dimisión de Suárez, motivada por las intensas presiones acumuladas durante meses y por el malestar, ya notorio, de amplios sectores militares hacia su Gobierno (“dimito para que la democracia no sea de nuevo un breve paréntesis en la historia de España”, declaró en su comunicado). Sin embargo, la operación había alcanzado un punto difícilmente reversible, y tampoco parecía probable que el nuevo ejecutivo que iba a encabezar Leopoldo Calvo-Sotelo pudiera adoptar por sí solo las medidas que, a juicio del CESID, de determinados mandos militares, de la Casa Real y del Gobierno de los EE UU, España necesitaba con urgencia.

El golpe

    Finalmente, el 23 de febrero de 1981, a las 18:22, el teniente coronel Antonio Tejero, al frente de 288 guardias civiles, ocupó el Congreso de los Diputados en plena sesión de investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo como presidente del gobierno. De forma simultánea, las unidades acorazadas bajo el mando del capitán general Jaime Milans del Bosch salieron a las calles de Valencia (tanques sin munición que, de manera llamativa, respetaban incluso los semáforos), mientras la División Acorazada Brunete tomaba diversos puntos estratégicos de Madrid, entre ellos varias emisoras de radio y las instalaciones de RTVE. Los golpistas afirmaban actuar en nombre del rey y parecían convencidos de contar con su respaldo, pues en ningún momento intentaron cortar las comunicaciones del Palacio de la Zarzuela para impedir una eventual desautorización por parte de la Casa Real. 

    Entretanto, el secretario de Estado de los EE UU, Alexander Haig, declaró ante la prensa que el golpe constituía un “asunto interno” de España, sugiriendo así que su gobierno no consideraba necesaria una intervención para impedirlo.

    En el interior del hemiciclo, los asaltantes comunicaron a los diputados que sólo restaba esperar a “la autoridad competente, militar por supuesto”, para que impartiera las órdenes oportunas. En efecto, alrededor de la medianoche el general Alfonso Armada acudió al Congreso para reunirse en privado con Tejero y transmitirle que debía retirarse, a fin de que él pudiera ser investido presidente del Gobierno por el Parlamento. Armada llevaba consigo una lista manuscrita con los nombres de quienes integrarían su ejecutivo, que leyó en voz alta durante la conversación. Fuera del despacho donde se celebró la reunión, la doctora Carmen Echave pudo escuchar parte del diálogo y anotó en su libreta la composición del Gobierno proyectado y las carteras asignadas:

Felipe González: vicepresidente para Asuntos Políticos

José María López de Letona (banquero): vicepresidente para Asuntos Económicos

Gregorio Peces-Barba (PSOE): Justicia

Enrique Múgica (PSOE): Sanidad

Javier Solana (PSOE): Transportes

Jordi Solé Tura (PCE): Trabajo

Ramón Tamames (PCE): Economía

Manuel Fraga (AP): Defensa

Pío Cabanillas (UCD): Hacienda

José Luis Álvarez Álvarez (UCD): Obras Públicas

Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón (UCD): Educación

Agustín Rodríguez Sahagún (UCD): Industria

José María de Areilza (UCD): Asuntos Exteriores

Carlos Ferrer Salat (presidente de la CEOE): Comercio

Luis María Ansón (director de la Agencia EFE): Información

Antonio Garrigues Walker (abogado): Cultura

José Antonio Sáenz de Santamaría (general del Ejército): Autonomías

Manuel Saavedra Palmeiro (general del Ejército): Interior.

El fracaso de la operación

    Al escuchar la relación de ministros proyectada, Antonio Tejero se negó en redondo a retirarse. Afirmó que no se estaba “jugando el tipo para instaurar un gobierno con los comunistas”, y de poco sirvieron los intentos telefónicos de Jaime Milans del Bosch para persuadirlo de que acatara la propuesta de Alfonso Armada. La discusión alcanzó tal grado de tensión que Tejero expulsó a Armada del Congreso, desbaratando así toda la operación.

    A partir de ese momento, varios de los implicados comenzaron a comprender que era necesario replegarse y cortar cualquier vínculo con la acción de Tejero e incluso con el propio Armada. En ese contexto se enmarca la intensa actividad de Juan Carlos I, quien telefoneó a los capitanes generales para recabar su posicionamiento en contra del golpe, así como su intervención televisada (¡a la 1:14 de la madrugada!) en la que comunicó al país su rechazo a la asonada y su defensa del orden constitucional.

    Durante el posterior consejo de guerra, Armada solicitó autorización al Rey para utilizar en su defensa determinadas conversaciones mantenidas entre ambos en los días previos al 23-F. La petición fue denegada, y Armada fue condenado a treinta años de prisión, de los que cumplió finalmente siete (fue indultado por el gobierno de Felipe González). Años más tarde, en unas conversaciones privadas con la vedete Bárbara Rey, Juan Carlos I aludía al silencio mantenido por Armada durante su encarcelamiento, destacando que “nunca ha dicho ni una palabra”.

    El golpe fracasó… pero no por completo. Es cierto que Armada no llegó a ser investido presidente, que no se constituyó el gobierno de concentración nacional proyectado y que probablemente no se aplicaron todas las medidas previstas por quienes impulsaron la operación. Sin embargo, apenas dos días después de la investidura de Leopoldo Calvo-Sotelo, el 25 de febrero de 1981, su gobierno inició el proceso de incorporación de España a la OTAN. En junio de 1982, la UCD y el PSOE aprobaron la Ley Orgánica de Armonización del Proceso Autonómico (LOAPA), con el propósito de limitar el desarrollo de los estatutos de autonomía (si bien gran parte de la norma sería posteriormente declarada inconstitucional). Y en 1983, ya bajo el ejecutivo del PSOE, se crearon los GAL, inaugurándose la denominada “guerra sucia” contra ETA.

Los documentos aún sin desclasificar

    Todos estos pormenores son desconocidos en buena medida por el gran público, entre otras razones porque los documentos más sensibles relacionados con aquellos hechos continúan clasificados. Entre ellos se encuentran, según distintas fuentes, los siguientes:

    • Un informe de aproximadamente veinte folios, redactado y firmado de puño y letra por el general Alfonso Armada, en el que se detallarían los extremos del plan y la composición íntegra del gobierno proyectado.

    • Una carta escrita por el propio Armada antes del juicio, fechada el 23 de marzo de 1981, en la que solicitaba a Juan Carlos I (invocando “el honor de mis hijos y de mi familia”) autorización para utilizar durante el consejo de guerra parte del “contenido de nuestra conversación, de la cual tengo nota puntual”, mantenida días antes del golpe.

    • Diversos edictos redactados por los golpistas para ser difundidos públicamente en caso de éxito de la asonada.

    • Un informe en el que Enrique Múgica detallaba al PSOE el contenido de su reunión con Armada en Lérida.

    • El denominado informe «Delta Sur», que evaluaba la actitud de cada mando del CESID ante un eventual cambio de régimen.

    • Informes de vigilancia que incluirían fotografías de reuniones conspirativas celebradas en distintos puntos de Madrid.

    • Grabaciones de las conversaciones telefónicas realizadas de oficio por el CESID durante la noche del 23 de febrero, entre el Palacio de la Zarzuela, la sede de la Junta de Jefes del Estado Mayor y las distintas capitanías generales, entre otros interlocutores.

    Tal vez algún día la ciudadanía española pueda acceder a esta documentación y conocer con precisión el verdadero alcance del intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981.

©JRGA