La inmigración vista desde la izquierda

    El gobierno español ha decidido tramitar una regularización masiva de inmigrantes ilegales que afectará a aproximadamente medio millón de ellos y que ha abierto de nuevo en el país el eterno debate sobre la inmigración. 

    Ya en 2024, según el CIS, la inmigración se había convertido en el principal problema para los españoles. Puede alegarse que dicha preocupación esté influida por la presencia en los medios de comunicación de los discursos de un partido como Vox. Sin embargo, aún teniendo esto en cuenta, resulta llamativo que para una mayoría de españoles la inmigración pasara en poco tiempo de ser la novena preocupación a ocupar el primer lugar, por encima incluso del desempleo, la vivienda o la corrupción. No cabe duda de que, con independencia de que Vox pueda estar avivando el rechazo a la inmigración, existe entre los ciudadanos una genuina preocupación al respecto. 

    Se hace imprescindible, pues, que la izquierda realice un análisis exhaustivo del fenómeno. 

    La primera pregunta que cabe plantearse es si la inmigración constituye en sí misma un problema. Y, a priori, no parece que tenga nada de censurable: una persona que decide emigrar de su país e instalarse en otro puede mejorar su propia vida y, al mismo tiempo, enriquecer al país de destino, que incorpora a individuos procedentes de culturas diversas. 

    Hasta aquí, no habría nada que objetar.

    El problema surge cuando pasamos de este plano ideal a la realidad concreta. La inmigración contemporánea no es un fenómeno minoritario ni anecdótico, sino un proceso de carácter claramente masivo: en 2025, el número de personas residentes en España nacidas en el extranjero se situaba en torno a los 9,7 millones, es decir, cerca del 20% de la población total. 

    La inmigración deja así de ser una suma de decisiones individuales para convertirse en una cuestión colectiva, con profundas implicaciones políticas, sociales, económicas y culturales. La tarea de la izquierda debería ser, en consecuencia, abordarla desde un análisis materialista y de clase. Y, desde esa perspectiva, la inmigración (sea legal o ilegal) resulta tanto más problemática cuanto mayor es su magnitud. 

La inmigración como problema

    La inmigración masiva es problemática, en primer lugar, porque en la mayoría de casos no responde a una elección verdaderamente libre, sino a la necesidad. Millones de personas se ven obligadas a abandonar su hogar, su familia y su entorno cultural para intentar sobrevivir en otro país, viviendo a menudo en condiciones de desarraigo. 

    También supone un perjuicio para los países de origen, que pierden población joven, trabajadores y pequeños empresarios en cuya formación han invertido durante años. La inmigración actúa, además, como una válvula de escape que alivia tensiones sociales internas, lo que explica que muchos gobiernos de países emisores la fomenten de manera explícita o, al menos, no la obstaculicen. 

    Pero la inmigración masiva genera asimismo problemas evidentes para los países de destino. La llegada de grandes contingentes de mano de obra dispuesta a aceptar salarios muy bajos alimenta la existencia de un amplio ejército industrial de reserva, poco sindicalizado y en competencia directa con la clase trabajadora nacional. El efecto previsible es la presión a la baja sobre los salarios y el empeoramiento de las condiciones laborales. No es casual que tanto la patronal como los partidos políticos afines se muestren favorables tanto a la inmigración como a la regularización de inmigrantes en situación irregular. 

    Ya en 1870 Karl Marx advertía de cómo la burguesía inglesa utilizaba la inmigración irlandesa para dividir a la clase trabajadora, debilitar su capacidad de lucha y disminuir los salarios:  

    “En cuanto a la burguesía inglesa, tiene en primer lugar un interés común con la aristocracia inglesa en convertir Irlanda en una simple tierra de pastos que proporcione al mercado inglés carne y lana a los precios más bajos posibles. Está igualmente interesada en reducir la población irlandesa mediante el desalojo y la emigración forzosa a un número tan pequeño que el capital inglés (capital invertido en tierras arrendadas para la agricultura) pueda funcionar allí con “seguridad”. Tiene el mismo interés en limpiar las propiedades de Irlanda que tenía en limpiar los distritos agrícolas de Inglaterra y Escocia. También hay que tener en cuenta los ingresos irlandeses de 6.000 a 10.000 libras que actualmente fluyen anualmente a Londres por los terratenientes ausentes y otros ingresos irlandeses.

    Pero la burguesía inglesa tiene intereses mucho más importantes en la actual economía irlandesa. Debido a la concentración cada vez mayor de los arrendamientos, Irlanda envía constantemente su propio excedente al mercado de trabajo inglés, con lo que reduce los salarios y empeora la situación material y moral de la clase obrera inglesa.

    Y lo más importante de todo: en cada centro industrial y comercial de Inglaterra hay ahora una clase obrera dividida en dos bandos hostiles: los proletarios ingleses y los proletarios irlandeses. El obrero inglés corriente odia al obrero irlandés como a un competidor que rebaja su nivel de vida. En relación con el obrero irlandés se considera un miembro de la nación gobernante y, en consecuencia, se convierte en un instrumento de los aristócratas y capitalistas ingleses contra Irlanda, reforzando así su dominio sobre él. Tiene prejuicios religiosos, sociales y nacionales contra el obrero irlandés. Su actitud hacia él es muy parecida a la de los “blancos pobres” hacia los negros en los antiguos estados esclavistas de los Estados Unidos. El irlandés le paga con intereses en su propio dinero. Ve en el obrero inglés a la vez un cómplice y un estúpido instrumento de los gobernantes ingleses en Irlanda.

    Este antagonismo se mantiene artificialmente vivo y se intensifica mediante la prensa, el púlpito, los periódicos cómicos, en una palabra, por todos los medios a disposición de las clases dominantes. Este antagonismo es el secreto de la impotencia de la clase obrera inglesa, a pesar de su organización. Es el secreto por el cual la clase capitalista mantiene su poder. Y esta última es perfectamente consciente de ello”.

    Pero la inmigración masiva tiene otros muchos efectos negativos no menos graves: 

    1. El aumento de población incrementa de forma directa la demanda de servicios públicos (sanidad, educación, transporte, prestaciones sociales). Cuando el Estado no amplía estos servicios al mismo ritmo, se produce su saturación y deterioro. 

    2. Las comunidades extranjeras tienden, de manera natural, a concentrarse entre sí. En contextos de inmigración masiva, esto favorece la aparición de guetos y dificulta los procesos de integración.  

    3. Cuanto mayor es el tamaño de una comunidad extranjera, menor es su necesidad práctica de adaptarse a los usos y costumbres del país de acogida, lo que incrementa la probabilidad de choques culturales y tensiones en la convivencia.  

    4. Todo proceso migratorio descontrolado aumenta la probabilidad de entrada de individuos vinculados a actividades delictivas, algunos acostumbrados a delitos que en los países de acogida no conocemos (caso de los secuestros exprés o las pandillas mafiosas juveniles, por ejemplo) o provenientes de países en los que ciertos delitos, por razones culturales o religiosas, no están aún tan mal vistos como aquí (por ejemplo, la violencia contra las mujeres). 

    5. Finalmente, la inmigración masiva tiende a transformar de manera profunda las características culturales del país, diluyendo progresivamente la cultura tradicional y sustituyéndola por una realidad híbrida e inédita. 

La solución de izquierdas

    Para abordar de forma estructural estos problemas, ampliamente percibidos en los barrios obreros y populares, resultan necesarias medidas drásticas: 

    a) Reducir los flujos migratorios, tanto legales como ilegales, hasta donde sea posible, e impedir la entrada masiva de inmigrantes en el país.

    b) Dotar a los servicios públicos de los recursos necesarios para absorber la mayor demanda producida por la inmigración..  

    c) Reconocer que existe una minoría de inmigrantes que comete delitos graves y proceder a su expulsión, evitando siempre la criminalización de colectivos enteros.  

    d) Impulsar el desarrollo real de los países más pobres mediante su independencia económica, inversiones productivas y fortalecimiento de sus servicios públicos. 

    Nada de esto se está haciendo. 

    Por el contrario, los ciudadanos observan atónitos cómo la supuesta izquierda gobernante, junto con todos sus adláteres (Sumar, Podemos, ERC, etc.), no sólo niega que exista problema alguno (salvo, eso sí, los que puedan sufrir los propios inmigrantes, presentados siempre como honrados y buenos por naturaleza), sino que además sostiene que los españoles tenemos la obligación moral de permitir la entrada al país a toda persona que desee hacerlo, ya sea de forma legal o ilegal. Más aún, se afirma que debemos concederles de inmediato el permiso de residencia porque, por lo visto, tendrían tanto derecho a estar aquí como cualquier otro ciudadano de origen español. De ahí que el gobierno haya decidido impulsar una regularización masiva de inmigrantes en situación irregular. Y por supuesto, todo aquel que ose poner en cuestión esta posición es tildado de manera automática de racista, fascista e incluso de nazi. 

    Sin embargo, y pese a la creencia generalizada, una posición de este tipo, basada en meros ideales humanitarios y oenegeros, sin atender a ningún otro aspecto del problema ni realizar un análisis materialista y de clase, no tiene absolutamente nada que ver con la tradición histórica de la izquierda. De ahí que sea una posición compartida también por los partidos liberales (todo el arco parlamentario español), por la Iglesia Católica y hasta por el capital y el empresariado, que demandan de forma constante nueva mano de obra inmigrante con todo tipo de justificaciones peregrinas: desde el supuesto riesgo de no poder afrontar el pago de las pensiones futuras hasta la necesidad de importar trabajadores dispuestos a aceptar empleos precarios y mal remunerados (que no tendrían más remedio que mejorar si realmente nadie aceptase desempeñarlos).

    Por el contrario, la izquierda clásica mantuvo siempre una posición diametralmente opuesta a la de la “izquierda” actual. Por ejemplo, el Partido Comunista Francés en 1981 era absolutamente contrario a la inmigración:

    De hecho los Estados socialistas aplicaron tradicionalmente políticas migratorias muy restrictivas, tanto para la entrada como para la salida. Así, por ejemplo, hoy día China exige que los extranjeros que deseen residir en el país, y a los que concede un visado renovable anualmente, se sometan a controles médicos y presenten una hoja de antecedentes penales completamente limpia, al tiempo que las empresas están obligadas a justificar por qué contratan a extranjeros en lugar de a trabajadores nacionales. Y, a diferencia de lo que ocurre en España, donde la “izquierda” considera que la obtención de la ciudadanía debería ser prácticamente un derecho para todo aquel que llegue al país, la ciudadanía china constituye un privilegio que sólo se concede a aquellos extranjeros que hayan realizado contribuciones significativas al desarrollo nacional

    Por otro lado, cabe preguntarse hasta qué punto la sociedad española tiene una obligación moral ilimitada de acoger a inmigrantes. Es cierto que no deben abandonarse unos mínimos principios humanitarios, y que un país relativamente rico como el nuestro puede (y seguramente debe) ofrecer acogida a quienes llaman a su puerta por necesidad, ¿pero con qué límite? Alrededor de un 20% de la población española es ya de origen extranjero, y no parece que a la “izquierda” le resulte suficiente. ¿Debemos esperar a que ese porcentaje alcance el 30%? ¿O el 50%? ¿Tal vez cuando lleguemos al 80% de población extranjera será el momento de plantearse dejar de acoger a todo inmigrante que llegue a España? ¿O quizás aún nos estaríamos quedando cortos? ¿Por qué no ir más allá e invitar directamente a todos los pobres del mundo a que vengan a nuestro país?

    Todas estas reflexiones parten, además, de una premisa muy discutible: que los inmigrantes que llegan a España son siempre personas pobres y desesperadas. En realidad, a día de hoy una parte significativa de los inmigrantes, tanto africanos como latinoamericanos, pertenece a la clase media y dispone del suficiente poder adquisitivo como para costear su viaje (ya sea mediante un billete de avión o en una patera organizada por una mafia). Esto implica que la inmigración no se va a detener ni siquiera aunque se lograse reducir la pobreza y la miseria en los países de origen, y que seguirá existiendo mientras nuestra sociedad conserve algún tipo de atractivo para otros pueblos, ya sea en forma de salarios más altos, mayores libertades u otras circunstancias.

La "solución" de la extrema derecha

    Sea como fuere, el malestar de los ciudadanos ante los problemas generados por este fenómeno no para de crecer, sin que exista una izquierda capaz de identificar el problema y plantear soluciones reales, y que de hecho lo único que propone es profundizarlo. En este contexto, la extrema derecha se frota las manos y explota sin descanso un discurso antiinmigración que no duda en criminalizar a colectivos enteros (los de origen musulmán, particularmente) o en proponer “soluciones” como la expulsión masiva de inmigrantes ilegales, sin detenerse a pensar en el sufrimiento atroz que ello generaría (como puede comprobarse en EE UU a raíz de las políticas de Trump).

    Lo cierto es que la expulsión de todos los inmigrantes ilegales del país, en el hipotético caso de que Vox se atreviese a llevarlo a cabo (algo que personalmente dudo), no solucionaría gran cosa toda vez que se calcula que representan alrededor de un 15% del total de población inmigrante, y menos aún si tenemos en cuenta que los dirigentes de Vox han manifestado en repetidas ocasiones su preferencia por la inmigración de origen latinoamericano… que es precisamente, y con mucho, la más numerosa. 

    Y mientras Vox mantiene ese espurio discurso populista y de tintes xenófobos, “olvida” convenientemente otros problemas tanto o más graves para la clase trabajadora e igualmente ignorados por la “izquierda” actual, como la vivienda, el desempleo o la precariedad laboral, al tiempo que defiende un programa económico radicalmente liberal (a pesar de la propaganda de la “izquierda”, la extrema derecha occidental no es de carácter fascista sino ultraliberal) y devastador para la mayoría social: reducción o eliminación de impuestos que gravan a los más ricos (IRPF, sociedades, patrimonio, sucesiones y donaciones), privatización de servicios públicos, adelgazamiento drástico del Estado, abaratamiento del despido y debilitamiento de la negociación colectiva, entre otros. 

    Es, por tanto, esa misma “izquierda” que dice luchar contra la extrema derecha la que sigue creando el caldo de cultivo necesario para el ascenso fulgurante de ésta, tanto en España como en el resto de Europa. El problema continúa empeorando y, cuando queramos afrontarlo de una vez, será tarde.

©JRGA